El ministro del Interior, Carlos Morán, anunció que los congresistas ya no tendrán seguridad policial “porque todo el personal policial va a ser reorientado a cumplir tareas de seguridad ciudadana principalmente”.

Esta medida ha generado mucha controversia. Principalmente porque ha sido anunciada cuando el Ejecutivo se ve envuelto en un lío mediático por haber tenido cuatro bajas ministeriales en cuatro días.

¿Hay alguna manera de ponderar el valor de otorgarle seguridad a un congresista frente a tener a esos mismos policías en las calles?

¿Qué perdemos –nosotros, como ciudadanos– cuando 400 policías dejan de proteger a nuestros representantes? ¿y qué ganamos cuando esos policías se dedican a luchar contra el crimen? ¿Cómo cuantificamos ese cálculo? Por más atractiva que pueda sonar la idea, es muy complicado saber cuáles serán los resultados palpables para nosotros. Y una cosa hay que tenerla clara: eso es lo que realmente importa.

Detrás de esta medida tiene que haber una estrategia que asegure que se traduzca en una ganancia para nosotros. Porque si bien esta es una decisión que parece tener sentido en un contexto en el que la inseguridad ciudadana crece, se requiere un plan integral –no solo se requieren más policías en las calles–. Se requieren policías que sepan qué hacer y dónde estar. Se necesita un plan a largo plazo que efectivamente nos asegure que el gobierno está trabajando para reducir la inseguridad ciudadana y no solo en crear la ilusión de cambio.

¿Cuántas veces la inacción de la policía ha sido el equivalente a su inexistencia?

Entonces, si para el ministro Morán es tan importante disponer de estos 400 agentes de la policía –como para tener que hacerlo mediante un Decreto Supremo, obviando la Constitución–, yo le preguntaría: ¿cuál es el plan de acción?

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