En los últimos días, la posibilidad de eliminar algunos feriados —a propósito del eventual pedido de facultades legislativas del Ejecutivo— generó un intenso debate. La presidenta Keiko Fujimori aclaró posteriormente que el tema no forma parte de la agenda del Gobierno. Sin embargo, ello no debería impedir una discusión técnica. Por el contrario, conversemos sobre los feriados. Entre 2015 y 2020, el Perú contaba con 12 feriados nacionales. Desde entonces se incorporaron cuatro más: las batallas de Junín y Ayacucho, el Día de la Bandera y el Día de la Fuerza Aérea. Hoy suman 16, muy por encima de la mayoría de países de América Latina y de economías desarrolladas. La pregunta es sencilla: ¿se evaluó su costo-beneficio? Según estimaciones del BCRP, un feriado adicional implica pérdidas de al menos 0.04 puntos porcentuales del PBI. Mientras algunos sectores, como alojamiento y restaurantes, se benefician, otros —comercio, servicios y construcción— registran pérdidas. Además, muchas actividades no pueden detenerse y deben asumir sobrecostos laborales de hasta tres veces la remuneración diaria. Esto cobra mayor relevancia si consideramos que, según el BID, el Perú ya enfrenta uno de los costos laborales no salariales más altos de la región: contratar formalmente a un trabajador implica desembolsar un 71.7% adicional a su remuneración. A ello se suman 30 días de vacaciones pagadas, frente a un promedio regional de 19. Evaluemos, con evidencia, la permanencia de algunos feriados. Incluso valdría discutir mecanismos, como en Chile o Colombia, que trasladan determinados feriados al lunes o viernes más próximo, preservando las principales festividades nacionales y religiosas. Conversemos.
