Una de las entidades con mayor índice de corrupción es el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), especialmente por el manejo del sistema carcelario, el que, como ya sabemos, hace agua por todos lados: desde la seguridad externa hasta el control interno de los presos. Por eso, es importante que parte de la reforma contra la inseguridad ciudadana incluya con énfasis este aparato tenebroso.
Se aplauden las acciones emprendidas en las 68 cárceles del país, donde se ejecutó un operativo inopinado del INPE con la participación de 1174 agentes penitenciarios del Grupo de Operaciones Especiales, 2091 efectivos policiales y 104 fiscales, quienes irrumpieron en las celdas donde se gestan los planes siniestros de extorsión y sicariato. El resultado: celulares, chips, drogas, armas. Es decir, nada ha cambiado.
Los presos, como de costumbre, cumplen su papel de querer sacarle la vuelta a la ley a como dé lugar: reciben a familiares y amigos preñados de armas, drogas, chips y otros enseres. Pero, quienes viven al margen de su responsabilidad son algunos agentes y policías: usan su poder para traficar con la ley a cambio de dinero: coimas al ingreso, adentro del penal y también en la salida, sin contar con las visitas especiales en días no controlados.
Si ya es complejo controlar las calles infestadas de la peste criminal, al menos pónganle mayor seguridad a los penales. Metan presos a esos malos agentes penitenciarios que por unas cuantas monedas exponen al país a vivir entre sangre y fuego. ¿Cómo es posible que cada vez que hay una requisa en las cárceles siempre encuentren objetos ilegales? Eso no es casualidad, eso se llama corrupción.
