Triste e indignante que en momentos tan críticos para el país, en que a diario somos informados de miles de nuevos contagiados por coronavirus y de decenas de muertos, tengan que estallarnos en la cara los actos de corrupción cometidos por mandos policiales que han estado aprovechando esta tragedia para llevarse plata a los bolsillos a costa del bienestar y la vida de su personal, que hasta ha tenido que hacer colas en la calle para que le hagan una prueba de descarte.

Se trata de siete procesos de compras durante la emergencia, que han sido salpicados por el barro de la corrupción. Hay desde adquisiciones de rancho para el personal a precios similares a los del mejor restaurante gourmet de Lima, hasta el pago de servicio de desinfección de comisarías que provocaron la intoxicación de los agentes, pasando por el abastecimiento de equipos de protección para policías que están en la primera línea contra la pandemia.

En otras palabras, según las denuncias que ya están en manos del Ministerio Público y la Contraloría, acá tenemos a generales, coroneles y comandante que bajo el lema “a río revuelto ganancia de pescador”, han estado aprovechándose de la emergencia que ya ha costado la vida de 20 de sus colegas, para levantarse en peso algunos billetes, quizá sabiendo que pocas veces iban a haber tantos recursos disponibles con tan poco control debido a la dura coyuntura.

En la noche del domingo, el Ministerio de Interior ha anunciado la separación del personal sometido a las investigaciones de estos hechos que implicarían a altos mandos policiales que, de ser hallados culpables, quedaría claro que jamás debieron vestir el uniforme de su institución ni ser considerados ni siquiera peruanos, por ser capaces de semejante traición a quienes todos los días luchan en las calles para proteger a los ciudadanos.

Los peruanos tenemos derecho a saber quiénes están implicados en estos hechos. El Ministerio Público y la Contraloría deben hacer un gran trabajo acá, en nombre de los policías fallecidos por culpa de las corruptelas de sus jefes que merecen las más duras sanciones, sin el menor atenuante. Hay que sancionar el robo y también la crueldad de estas acciones que han repercutido en la vida y el bienestar de quienes los ciudadanos aplaudimos de pie.