Los estados que mejor han reaccionado contra la pandemia, aplicaron con progresividad medidas para controlar su expansión; de modo similar, la decisión para retornar a la completa normalidad ciudadana deberá responder al mismo principio, pues, el virus del Covid-19 continuará entre nosotros hasta aprobar y distribuirse una vacuna efectiva; en esa espera, deberán implementarse diversos protocolos de ingreso y salida a lugares públicos y privados. La sociedad también deberá atravesar por un proceso mental para aprender a socializarse, cuidando por el bien común las distancias y familiaridades.

Al igual que la sanidad y educación, la administración de justicia también debe continuar con regularidad. La prórroga de las prisiones preventivas, en vez de un arresto domiciliario, o mantener el impedimento de salida del país a extranjeros que son testigos judiciales, resultan actos arbitrarios por ser irrazonables y desproporcionados. Las plataformas virtuales pueden facilitar las diligencias judiciales, mientras se acelera la implementación del expediente electrónico, todavía con ciertas resistencias, pero las crisis son el momento límite para tomar decisiones.

El estado de derecho es la denominación más utilizada en el mundo jurídico europeo continental, por utilizar el concepto de estado como centro de referencia para las instituciones públicas. En el derecho anglosajón, en cambio, se reconoce el Rule of Law o imperio del derecho, es decir, un mismo derecho y juez para todos y por igual. Con el tiempo, ambos conceptos casi se han equiparado a pesar de sus raíces distintas, pero bajo cualquier circunstancia, incluso en tiempos de pandemia, debe regir en una comunidad política porque pone límites al ejercicio del poder, pues, más que celebrar los índices de crecimiento económico, del ingreso per cápita y el producto bruto interno, el principal cimiento de un país desarrollado reposa en su administración de justicia.