El creciente descrédito de la política peruana encuentra un nuevo y alarmante episodio en el proceso de inscripción de partidos ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Una altísima proporción de estas agrupaciones —se calcula que alrededor del 70%— habría utilizado firmas falsificadas para lograr su inscripción. Sin embargo, lo más grave no es solo el uso de maniobras fraudulentas, sino la impunidad con la que estas se cometen.
Pese a las denuncias por suplantación de identidad y afiliaciones indebidas, el organismo electoral carece de herramientas legales efectivas para sancionar a los responsables. Esta falta de regulación abre la puerta a que partidos creados sobre la base del engaño puedan participar en elecciones, acceder a recursos públicos y tomar decisiones que afectan el rumbo del país.
El panorama resulta indignante. Agrupaciones políticas que han incurrido en delitos contra la fe pública —como la falsificación de firmas y la usurpación de identidad— pretenden hoy presentarse como los paladines de la legalidad, la lucha contra la delincuencia y la corrupción. ¿Con qué autoridad moral pueden estas organizaciones hablar de reformas o de ética pública?
Si queremos recuperar la confianza ciudadana en la democracia, es imprescindible una reforma urgente del marco normativo que regula la inscripción y fiscalización de partidos políticos.
