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La crisis política que enfrentamos tiene sus raíces en el modelo económico de la Constitución Política de 1993 y el sistema legal permisivo. Como el Estado no debe intervenir en la economía sino por ley expresa, es el sector privado quien asume las decisiones sobre cómo, dónde y cuánto invertir. Cuando se concesiona los recursos naturales renovables y no renovables, el espectro radioeléctrico se otorga derechos de propiedad a sus titulares, pese a ser patrimonio de la nación.

La función contralora del Estado es débil y la planificadora inexistente. Los contratos de obras públicas con el sector privado tienen fuerza de ley, una vez celebrados no se pueden modificar ni por ley del Congreso. Revisemos el art.62 de la Constitución.

Por 25 años se ha venido privatizando el Estado, permitiendo, fomentando y protegiendo la corrupción, colocando fiscales y jueces permisivos que no actúan pruebas y no sancionan.

Desde la Presidencia de la República, ministros y funcionarios, la diferencia entre lo público y lo privado no existe. Se pasa de un sector a otro usando el Estado para hacer negocios; buscan ganancias personales, no les interesa el bienestar de la población, de la gente.

Es tiempo de mirar al futuro. Debemos cambiar este modelo económico contractual corrupto y para ello requerimos la indignación y la movilización ciudadana. Es tiempo de cambiar la Constitución de 1993, elaborada durante el gobierno más corrupto de nuestra historia, el del presidente Alberto Fujimori, al que le otorgaron un “indulto humanitario” que nadie cree y nos divide.