En los últimos años hemos visto cómo autoridades políticas se reciclan pese a que enfrentan serios cuestionamientos. Dos casos recientes lo prueban. Betssy Chávez, procesada por su rol en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, podría volver al Congreso como asesora del parlamentario Roberto Sánchez. Sí, al mismo Congreso cuyo intento de cierre por parte de Pedro Castillo apoyó desde la presidencia del Consejo de Ministros.
Lo más cínico: Sánchez, entonces ministro de Comercio Exterior, renunció tras la intentona golpista reconociendo su ilegalidad. Pero ahora, sin vergüenza, le ofrece a Chávez un puesto en la institución que ella buscó destruir y que es pagada por todos los peruanos. ¿Qué cambió? Nada, solo demuestra que lo único que buscó siempre fue poder.
De otro lado, el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, viaja a Suiza con aval del Ejecutivo, pese a tener un impedimento de salida por presunto tráfico de influencias. Un juez “suspendió” la restricción temporalmente. Entonces el mensaje es claro: ni las investigaciones por corrupción ni los antecedentes de ruptura democrática son obstáculo si se tiene el respaldo político adecuado.
Así, el Estado no solo se vuelve cómplice: se convierte en refugio de quienes deberían rendirle cuentas. Un país que tolera esto no fortalece su democracia, la daña y favorece la aparición de extremistas.
