El jalón de orejas de la población a sus autoridades es bien fuerte si contemplamos las cifras de la última encuesta de Ipsos Perú publicada por el diario Perú21. Para empezar, la presidenta Dina Boluarte no logra echar raíces en Palacio de Gobierno y su desaprobación alcanza 71%, siendo el sur del país donde más piedras encuentra con 89% de rechazo. Su aprobación llega a 20%, con Lima como su principal mercado (31%).

El Congreso de la República, con una animadversión ciudadana en constante ebullición, registra 80% de reprobación y apenas 14% de respaldo, números que son vinculantes con el statu quo de su presidente José Williams: 62% lo desaprueba y 19% cree que cumple una buena función ahí entre “Niños”, acusados de violación sexual y congresistas que se dejan llevar por la pasión y atacan por la espalda a sus colegas, amén de los que azuzan la violencia.

Ciertamente, ambos poderes, Ejecutivo y Legislativo, están plasmados con todas sus letras en los carteles y pancartas de grupos que recorren las calles de la capital y algunas regiones pidiendo la salida ya mismo de Dina Boluarte, el adelanto de elecciones para 2023 y achacándole las muertes en las protestas a las fuerzas del orden. La mandataria ya dijo que no renunciará, los “padres de la patria” tampoco están apurados en dejar la mamadera y, entonces, el panorama se torna incierto.

A ver si pensamos más como país y, a partir de la lectura coyuntural de la gente, configuramos una solución a este atolladero. “Los violentos le infligen un daño económico durísimo al pueblo que alegan -falsamente- representar”, editorializó ayer El Comercio. Sí, pues, los bloqueos, aeropuertos cerrados y daños a instalaciones públicas solo nos están llevando al barranco.





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