El reciente proyecto de ley que busca limitar la participación en elecciones de exsentenciados por delitos graves es una medida necesaria para garantizar la idoneidad en la función pública. La realidad penitenciaria en el Perú muestra que las cárceles no cumplen su función de rehabilitación, sino que se convierten en escuelas de delincuencia y crimen. Es importante que quienes aspiren a ocupar cargos públicos no tengan antecedentes por delitos como terrorismo, homicidio o violencia sexual.

Las cárceles peruanas, lejos de ser centros de rehabilitación, se han convertido en lugares donde se perpetúa la delincuencia. La sobrepoblación carcelaria, que alcanza el 131% en los 68 establecimientos penitenciarios del país, es solo un indicador de un sistema carcelario disfuncional. Limitar la participación electoral de exconvictos garantiza que no se perpetúe este ciclo de criminalidad.

Es indispensable que quienes ocupen cargos públicos y de gran responsabilidad sean personas que no representen un riesgo para la sociedad y que cuenten con la confianza de la ciudadanía. Esta medida no solo protege los intereses de todos los peruanos, sino que también fortalece la democracia y la transparencia en la gestión pública.

El caso de Antauro Humala, condenado por el Andahuaylazo (hace casi 20 años) por asesinar policías, es un ejemplo claro de por qué esta medida es necesaria. Personas con un historial de delitos graves no deben tener la oportunidad de ejercer el poder político en nuestro país.

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