Una cosa es la sin duda cuestionable frivolidad de una operación estética en momentos de crisis y que esa intervención haya implicado atender el trabajo del Despacho Presidencial por vía remota por una semana, y otra muy distinta es que esa cirugía haya sido “pagada” con puestos de trabajo en diversos organismos del Estado, a solicitud del médico que ahora estaría tratando, según el semanario Hildebrandt en sus 13, de convertirse en colaborador eficaz a fin de no ver aún más comprometida su situación penal.
Si esto se confirma, estaríamos ante una situación muy complicada para la presidenta Dina Boluarte, su tambaleante gobierno y el país en general, pues sería imperdonable que su tratamiento estético lo haya cubierto con puestos de trabajo para los “recomendados” del cirujano Mario Cabani, a quienes al final todos los peruanos habríamos tenido que pagarles sus sueldos. Esto pasaría de ser una frivolidad, a un hecho punible y reñido con la capacidad moral que debe exhibir un jefe de Estado.
En los últimos días, diferentes voceros del gobierno y el abogado de la mandataria han salido a desmentir estos hechos, así como algunas de las afirmaciones hechas en un audio atribuido a una exasistente personal y examiga de la presidenta Boluarte, difundido también por la publicación en mención. El sábado último, incluso, en las redes sociales de la Presidencia, se informó que unas fotos de la jefa de Estado exhibidas el viernes por el canal Latina habían sido obtenidas con inteligencia artificial.
A todo esto se suma la negativa de la presidenta de declarar ante el Ministerio Público por el “caso Cofre” al amparo de rendijas legales y abogadiles, lo cual deja en claro que la mandataria no está dispuesta a ser interrogada por este asunto que ella misma ha rodeado de misterio y ha hecho crecer como una bola de nieve. El que no tiene nada que ocultar, habla de inmediato y punto, como ella misma había ofrecido meses atrás en que pidió a la fiscal de la Nación que la cite. ¿En qué quedamos?
Quizá la presidenta Boluarte se sienta muy segura de permanecer en el cargo hasta julio de 2026, que es lo que correspondería de acuerdo con la Constitución. Sin embargo, debería darse cuenta que es un error muy grande confiar en la lealtad de bancadas parlamentarias integradas en muchos casos por políticos de poca monta que por asegurar su reelección, no van a cargar con el pasivo de ser como hasta hoy, el soporte político de un régimen tan cuestionado como el de la señora.
