Hace poco las personas de bien hemos lamentado y repudiado el asesinato de un bebé de once meses apuñalado por un miserable delincuente solamente para asaltar a sus padres. Los médicos hicieron todo lo posible para salvarlo; pero su cuerpecito no resistió cuando iba a ser trasladado al Hospital del Niño. Ante esta situación, es menester que los congresistas legislen para que se instauren penas más duras contra estos monstruos que se ensañan con seres inocentes.
De la misma manera que nuestras autoridades han permanecido impertérritas en el caso anterior, también lo han sido (pero en grado sumo) al no tomar las acciones para prevenir el dengue. Máxime cuando han podido hacerlo toda vez que había los recursos necesarios: tanto económicos como profesionales y técnicos; pero, a pesar de ello, prefirieron, como hace la mayoría de los responsables de las políticas públicas, poner en automático a su gestión y hacer como si el Perú fuera un país desarrollado. La situación es catastrófica: por el dengue van ya más de 70 000 enfermos y 70 fallecidos, y estás cifras van en aumento. Además, a pesar de tener los recursos, los hospitales colapsan. Estos delincuentes asesinos, y estos malos gerentes públicos que no supieron prevenir la llegada del dengue deberían ser repudiados y sancionados. No podemos dejar pasar estas circunstancias infames y olvidarlas en algunos meses. Nuestras instituciones deben garantizar que los derechos de las personas buenas sean atendidos; y no emular a lo que hacen varias organizaciones sin fines de lucro (ONG): defender a asesinos, terroristas y malos gerentes públicos. Los medios tienen que estar alertas para poner en evidencia todo esto.
