No es novedad que la relación entre el poder político y la prensa esté marcada por tensiones. Es natural —y hasta saludable— que los gobiernos se sientan incómodos ante la fiscalización de los medios. Pero lo que viene ocurriendo durante la gestión de Dina Boluarte va más allá de la fricción democrática: estamos presenciando una estrategia sistemática de ataque y descalificación hacia los medios de comunicación que cumplen con su deber de investigar y cuestionar al poder.

En lugar de responder con argumentos, el Ejecutivo ha optado por la agresión y el desprestigio. Sus ministros, en vez de ser puentes de diálogo, actúan como escuderos de la presidenta, listos para deslegitimar cualquier crítica como si fuera una amenaza a la institucionalidad.El ministro de Educación, Morgan Quero, ha llegado al extremo de afirmar que existe un “acoso sistemático” de algunos medios contra Dina Boluarte y que esto busca socavar la democracia. A esto sumó una insinuación grave: que detrás de las investigaciones periodísticas habría un malestar por el recorte en la publicidad estatal. “En otros gobiernos sí había más posibilidades de dar recursos con fines publicitarios, ahora ya no”, dijo sin mostrar evidencia, como si el periodismo independiente dependiera de la caja fiscal para ejercer su labor.

Este tipo de declaraciones no solo son ofensivas para los periodistas, sino también peligrosas para la salud democrática del país. La prensa no está llamada a agradar al poder, sino a vigilarlos con espíritu crítico.