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Walter Aduviri es el virtual gobernador regional de Puno y su elección constituye el golpe político más importante a la institucionalidad del país, a su democracia y a su estado de derecho. Aduviri es un arduo defensor de la minería ilegal y del contrabando, postura que, ciertamente, defendieron varios candidatos en esa región; pues son parte del perverso sistema que se ha instaurado allí, con políticos insertados en el oscuro engranaje de las actividades ilícitas que se incorporan arbitrariamente a la formalidad, justificándose en la necesidad de la supervivencia. La Policía, el Poder Judicial y las oficinas responsables del control y la lucha contra la minería informal, el contrabando y el tráfico ilícito de drogas están infestadas de agentes del Estado que integran una red de corrupción o, simplemente, se subordinan a ella. En ese escenario, el PJ permitió la candidatura de Aduviri, sentenciado a 7 años de cárcel por el “Aymarazo” del 2011 y prófugo durante toda la campaña; pero que representa, en buena cuenta, el pensamiento nocivo y la apuesta antisistémica de una región acomodaticia y proclive a las ventajas de lo indebido. ¿Esto es solo culpa de Puno y los puneños? No. Hay una gran responsabilidad del Estado reflejada en cifras que, por su abundancia, solo pueden escogerse con pinzas. Puno tiene en el país uno de los niveles más altos de anemia infantil (75.9% en el 2017), la mayor tasa de hurtos (14.6 por cada 100 habitantes) y en cuanto a comprensión de textos y matemáticas, exhibe uno de los promedios más bajos del Perú, con 19.5%y 7.6% respectivamente. Por ello, si una conclusión podemos sacar es que la ineficacia del Estado es el pretexto perfecto para abortar a los radicales de izquierda y a los desalmados violentistas de siempre. La lucha, entonces, está también del otro lado.