Coincidiendo con la gran jornada histórica de 1977, este miércoles 19 está convocada una gran movilización nacional exigiendo la “renuncia de la presidenta Dina Boluarte”, adelanto de elecciones y el esclarecimiento y sanción a los responsables de las 49 muertes producidas por disparos de las fuerzas del orden, constitucionalmente bajo mandato del Poder Ejecutivo.
Esta crisis política y social constante tiene como base la desigualdad, y una gran mayoría ciudadana a la que no se le quiere reconocer su derecho a elegir y es tratada como si fueran de segunda clase. Por eso las muertes sin responsabilidades ni consecuencias.
Para mayo del 2023 la pobreza monetaria alcanza al 27.5% de los peruanos, según el INEI. Por su parte, el Banco Mundial informa que siete de cada diez peruanos son pobres o vulnerables de caer en pobreza.
El índice de Gini, indicador de desigualdad, oscila alrededor del 50% con profundas desigualdades entre regiones y al interior de éstas, con extensas zonas geográficas donde el Estado se encuentra ausente.
Tras el levantamiento de las movilizaciones de diciembre-marzo anunciando una tregua hasta este 19 de julio, el gobierno de Boluarte ha desperdiciado su tiempo histórico y no ha avanzado ni intentado primero, tender puentes de comunicación y segundo, atender las demandas mínimas de la población y provincias movilizadas. Se mantienen el prejuicio y el racismo en el trato.
Si el gobierno, en lugar de tratar de impedir la movilización popular, respetara el derecho a la petición y la protesta; y en vez de armar operativos disuasivos y proferir amenazas, recurriera al diálogo, estaríamos empezando a construir escenarios de institucionalidad.
Hoy, 19 de julio, el pueblo se movilizará con civismo sin violencia, demostrando una moral superior a la de sus gobernantes, que solo atinan a amenazar por su incapacidad manifiesta a dialogar con resultados.
