Días de violencia que sacuden la región sur

Instaurar el orden ante tanto vandalismo que se produce en varias localidades del sur es responsabilidad del Gobierno; sin embargo, parece que para el presidente Martín Vizcarra ello no está en agenda y menos para el ministro del Interior, ya que indican que no actuarán con fuerza ante las protestas iniciadas hace un mes en el Valle de Tambo (Arequipa), las cuales ya se extendieron a Moguegua, Cusco y Apurímac.

Si en el Gobierno pensaron que con la suspensión de 120 días de la licencia de construcción para el proyecto Tía María, por parte del Consejo de Minería, se detendrían los disturbios en Arequipa, se equivocaron; peor incluso fue el desliz cuando se perdió credibilidad al tomar preferencias por un sector de los protagonistas del conflicto.

La suspensión de dicha licencia en nada ayuda al problema que crece, y del cual dirigentes radicales e izquierdistas sacan provecho al fortalecer sus acciones, como las del jueves 15 de agosto, cuando boicotearon el Corso de la Amistad por el 479 aniversario de Arequipa.

Pedir al Gobierno que imponga el principio de autoridad en ciudades como Mollendo, Matarani y otras es en defensa de los derechos de miles de pobladores ajenos a estos conflictos, quienes ven afectadas sus actividades cotidianas al vivir hoy en día en medio del temor por la presencia de enmascarados que cometen vandalismo y pillaje, cuyas acciones quedan en la impunidad.

Si se permite que el número de violentistas aumente sin que nadie los detenga, entonces estamos camino a la anarquía. Así se faltará a la autoridad y al vecino pacífico.

Esta delicada situación en el sur va camino a empeorar.