La reconfiguración ministerial, que incluyó al primer ministro, evidencia la aplicación de una estrategia política desde Palacio. Esta estrategia se fundamenta en la consolidación de alianzas, primordialmente con agrupaciones políticas en el Congreso, así como ciertos gremios productivos y económicos.

Si bien la permanencia de Adrianzén resultaba insostenible, los reajustes ministeriales previos a su dimisión sugirieren un posible pacto orientado a asegurar su continuidad. Sin embargo, su posterior renuncia, pocas horas después, desveló que la negociación subyacente no buscaba garantizar su permanencia en la PCM, sino afianzar la permanencia de la señora Boluarte.

Ahora bien, este escenario político preelectoral entraña riesgos. El principal radica en la posibilidad de que dicho acuerdo por la gobernabilidad se traduzca en facilidades para que ciertas agrupaciones dispongan de recursos públicos de manera indebida en sus campañas proselitistas. La aprehensión subyacente en este análisis gira en torno a la necesidad ineludible que en el desarrollo y percepción del próximo proceso electoral se disipe toda duda o cuestionamiento. Ello exige una conducta ejemplar de los funcionarios y autoridades pertinentes, quienes deben garantizar su imparcialidad y transparencia, alejándose de cualquier acción que pueda ser interpretada como un favorecimiento o una manipulación indebida en la contienda política. Es impostergable la adopción de medidas preventivas que aseguren la probidad y equidad de las próximas elecciones, elementos esenciales para fortalecer la credibilidad de nuestro sistema democrático.