Pese a que el magistrado Carlos Ramos ha planteado en su ponencia que el cierre del Congreso por parte del presidente Martín Vizcarra tuvo amparo en la Carta Magna, será muy importante que en el pleno del Tribunal Constitucional (TC) se dé un debate desapasionado y netamente jurídico entre los siete magistrados de este ente, a fin de que se tome una decisión responsable con proyección a lo que podría pasar en el futuro con nuestra siempre frágil democracia.

La propuesta del magistrado Ramos, que no aún no es aceptada por el TC por más que la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, sostenga lo contrario, estaría dando luz verde a la “denegación fáctica de la confianza”, lo que podría abrir muchas puertas para que en el futuro cualquier mandatario haga una interpretación similar y opte por disolver un Congreso que le resulte incómodo, sin que ni siquiera haya una votación de por medio.

Acá no se trata de darle la razón al presidente Vizcarra, a sus aliados y a la izquierda que festejaba en las calles el cierre del Congreso, aunque ahora muchos postulen a la reelección; ni de darle la contra a los fujimoristas, apristas y demás críticos del régimen. Se trata de no sentar precedentes nefastos para la democracia, que se basa en el equilibro de poderes y en la convivencia de estos, por más discrepancias que existan.

La nueva presidenta del TC, Marianella Ledesma, ha indicado al momento de asumir funciones que esta semana será debatida la ponencia del magistrado Ramos y que espera que antes de las elecciones del 26 de enero se tenga un fallo final al respecto. El tiempo es corto, pero debe permitir un debate muy alturado entre siete juristas –de los cuales seis están de salida–, que tienen en sus manos un tema muy delicado y crucial para el Perú.

Como ha dicho la propia doctora Ledesma en reciente entrevista a El Comercio, dentro del TC cada uno de los magistrados tiene su propia ideología. Sin embargo, en decisiones como estas en que hay tantas cosas en juego en el mediano y largo plazo, tiene que primar la sensatez y las razones legales antes que las de orden político. El equilibro de poderes debe de mantenerse, en lugar de debilitar a uno para que el otro lo puede sacar del camino en cualquier momento.