La forma de Estado, entendida como la arquitectura política de un país, define cómo se distribuye el poder territorial. Los modelos van desde la centralización absoluta hasta su plena autonomía. En la actualidad se reconocen tres tipos distintos: unitario, federal y regional.
El Estado unitario, el más extendido, concentra el poder en un centro de decisión política, generalmente el gobierno nacional. Las autoridades locales dependen de la voluntad del poder central para garantizar orden y coherencia. En el extremo opuesto se ubica el federalismo, donde el poder se reparte entre el gobierno central y los gobiernos federados. Cada uno ejerce su propia autonomía y competencias, mostrando cómo en distintos niveles la diversidad convive con la unidad política. El Estado regional o autonómico es un modelo intermedio; no es una federación, pero reconoce competencias a sus unidades territoriales buscando conciliar la unidad estatal con las identidades locales.
En el Perú, tras dos décadas de descentralización, persiste el debate sobre su eficacia. El desarrollo regional es mínimo y, en ciertos contextos políticos, incluso contraproducente, con liderazgos que frenan la inversión extranjera. Durante ese tiempo, ninguna región ha destacado en bienestar, salud o educación. La capital enfrenta problemas similares, lo que evidencia un claro retroceso. Por eso, la reforma política exige repensar la forma de Estado más adecuada a nuestra realidad territorial y pluricultural, reafirmando la unidad nacional. No se trata de copiar modelos tradicionales, sino de diseñar un esquema innovador que responda a nuestras necesidades, pero alcanzarlo requiere un sólido acuerdo nacional capaz de articular diversidad y cohesión.
