Llama la atención que recién con el fallecimiento de la joven abogada Andrea Vidal, una extrabajadora del Poder Legislativo que fue baleada hace una semana por cuatro sicarios en La Victoria, los legisladores se interesen por esclarecer este hecho que estaría relacionado con una presunta red de prostitución que habría estado operando desde dentro del Parlamento, específicamente desde la Oficina Legal y Constitucional a cargo del ahora despedido José Luis Torres Saravia, de Alianza para el Progreso (APP).
Pero la única fallecida no es esta abogada que hasta setiembre de este año trabajó en la mencionada oficina. En el ataque de los sicarios murió también el taxista venezolano que llevaba a la joven y que nada tenía que ver en esta presunta red que fue denunciada la semana pasada por el programa del periodista Beto Ortiz. El vehículo en que iban ambas víctimas recibió por lo menos 40 impactos de bala. Sin embargo, como denunciamos este lunes en el editorial de Correo, percibimos algún interés oculto porque este hecho no trascienda.
Extraña que a pesar del nexo existente entre esta presunta red y Torres Saravia, de APP, esta agrupación política y su líder, César Acuña, hayan optado por mantenerse en silencio al igual que su brazo derecho, Luis Valdez. Si estamos ante una acusación gravísima que implicaría el asesinato a balazos de dos personas en el cruce de dos avenidas en La Victoria, por qué al menos no hay un comunicado al respecto. Fue esta agrupación política la que llevó a quien en medio de este escándalo ha sido despedido por el titular del Congreso, Eduardo Salhuana.
En este Congreso del terror se ha visto casi de todo. Hasta hubo un violador proveniente de las filas de APP que hasta hoy purga condena en un penal. También hemos soportado a “niños”, “mochasueldos”, defensores de un prófugo y demás. Sin embargo, que haya existido una red de prostitución y que como parte de esta mafia resulten dos personas asesinadas por sicarios, hace que estamos hablando de ligas mayores que deberían motivar la intervención inmediata de la Policía Nacional y del Ministerio Público.
Este caso tiene que ser esclarecido sin complicidades ni espíritu de cuerpo. Esto no puede ser manejado como si estuviera en la Comisión de Ética, donde todo se arrega bajo la mesa. Acá tiene mucho que explicar la dirigencia de APP, un partido que ha manejado la Mesa Directiva desde julio del 2023 y que en los últimos años ha hecho noticia por reclutar a abundantes delincuentes y sinvergüenzas que logra colocar en la administración pública, para que todos los peruanos les paguemos sus sueldos.
