El Perú enfrenta una profunda crisis de legitimidad en su clase política. La sentencia a 20 años y seis meses de prisión dictada el año pasado contra el expresidente Alejandro Toledo, por los sobornos recibidos de la constructora brasileña Odebrecht, parece haber abierto la puerta para que otros exmandatarios enfrenten un destino similar. Este año, Martín Vizcarra y Ollanta Humala podrían unirse a esta lista de líderes caídos en desgracia, con procesos judiciales avanzados que podrían culminar en severas condenas.
En el caso de Ollanta Humala, la Fiscalía ha solicitado 20 años de prisión por el presunto lavado de activos relacionado con las campañas presidenciales de 2006 y 2011, las cuales habrían recibido aportes de Odebrecht. Las pruebas en su contra, aunque controvertidas, han llevado a que el proceso llegue a una fase crítica.
Por otro lado, Martín Vizcarra, quien gozó de alta popularidad durante su mandato, ahora enfrenta serios cargos por presuntamente haber recibido más de un millón de soles como soborno durante su gestión como gobernador regional de Moquegua. Los testimonios que lo implican han debilitado significativamente su defensa y podrían derivar en una condena por cohecho pasivo propio.
La acumulación de acusaciones y condenas contra altos funcionarios refleja una preocupante normalización de la corrupción en la política peruana. Cada nuevo escándalo no solo golpea la imagen de los involucrados, sino que erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas.
