La semana comenzó con un hecho insólito: la Junta Nacional de Justicia (JNJ) restituyó a Patricia Benavides en el cargo de Fiscal de la Nación. La decisión se dio en el marco de un procedimiento de nulidad de oficio de su destitución, generando un escenario sin precedentes: la posible coexistencia de dos fiscales de la Nación en simultáneo.

Más allá del debate sobre eventuales vicios en el procedimiento, hay que recordar una regla básica en todo Estado de Derecho: los organismos autónomos existen precisamente para ejercer control y equilibrio sobre el poder. Y la JNJ es uno de ellos. Tiene competencias claras para nombrar, ratificar, suspender y destituir jueces y fiscales. Incluyendo, por supuesto, al titular del Ministerio Público.La actuación de la JNJ se enmarca en sus atribuciones constitucionales. Si hay discrepancias con el fondo o la forma del proceso, lo que corresponde es acudir a los mecanismos legales: la acción de amparo y, eventualmente, una revisión constitucional ante el Tribunal Constitucional. Esas son las reglas del juego democrático.

Lo que no resulta jurídicamente aceptable es desconocer una resolución emitida por la autoridad competente. Ya lo vimos antes con la destitución de los exmagistrados Aguirre Roca, Rey Terry y Revoredo Marsano. En ese caso, fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que ordenó su reposición. No podemos repetir errores. No podemos volver a jugar con fuego institucional.

Actuar al margen del marco legal es socavar el Estado de Derecho. La crisis institucional no se resuelve con más caos. Se resuelve respetando las reglas, incluso cuando no nos gusten.