Las aspiraciones de llegar al poder ejecutivo de Ecuador se acabaron para el exmandatario, Rafael Correa, que urdió para alcanzar la vicepresidencia de la República en las elecciones del año entrante.

El Tribunal de Casación de su país resolviendo un recurso presentado por la defensa de Correa, ha terminado declarándolo improcedente, con lo cual la inhabilitación del expresidente ha terminado consumada.

Con una montaña de procesos en su contra, Correa se hallaba en Bélgica listo para hacer maletas y sumarse a la campaña que lleva en la fórmula como candidato a presidente a su monaguillo político, Andrés Arauz, su exministro de Cultura.

Pero la decisión de dejar fuera de carrera a Correa también alcanza a otros funcionarios de los tiempos de su mandato, implicados hasta los huesos, con lo cual la justicia ecuatoriana busca limpiar la contienda electoral de actores cuestionados e imputados que sensatamente por su condición judicial, no debían postular a cargos en el aparato del Estado. 

Correa es consciente de la frustración de sus pretensiones de llegar a la vicepresidencia de su país, y hasta sin importarle que sea candidato a un cargo de menor membresía política a la que ostentó por diez años (2007-2017), como jefe de Estado.

Está claro que su único objetivo era librarse de un proceso de extradición y en definitiva de la cárcel, pues ha sido acusado de formar una red delictiva que le permitiera obtener aportes de campaña por contratos para obras públicas.

Francamente hubiera sido un descalabro completo que la justicia ecuatoriana admitiera a Correa lo que en la práctica iba a ser una suerte de borrón y cuenta nueva como suele pasar en los países con instituciones todavía en formación. Felizmente no ha sucedido en Ecuador.