Sería bueno bueno saber qué pasa por la cabeza del gobierno de la presidenta Dina Boluarte y en especial de su ministro de Cultura, Fabricio Valencia, como para haber abandonado a su suerte a la responsable del proyecto Caral, la arqueóloga Ruth Shady, y a su equipo de trabajo, quienes pese a estar bajo amenaza de traficantes de tierras, carecen del resguardo policial que se les asignó tiempo atrás ante las arremetidas de delincuentes que parecen dispuestos a todo.
Las tierras que se encuentran en los alrededores de la zona protegida de Supe, al norte de Lima, han generado la codicia de bandas de hampones que al darse cuenta que Shady y su equipo han sido desamparados por el Estado, que en un momento le asignó cinco policías para vigilar la zona, han comenzado nuevamente a amenazarlos. Estamos pues, ante otro caso en que las economías ilegales buscan imponerse a punta a punta de mensajes atemorizantes que podrían quedar no solo en eso.
En lugar de hacer noticia por su “devoción” a la presidenta Boluarte, a la que erróneamente consideró como la “primera mujer que dirige los destinos del Perú en 14 mil años”, el ministro Valencia debería preocuparse por atender los pedidos que hace la señora Shady, que junto a su personal y la zona protegida, se encuentran en la mira de gente que sabe que las autoridades del Estado están mirando a otro lado sin adoptar medidas que con un poco de voluntad política, estarían al alcance de sus manos.
Irónico que los peruanos en general saquemos pecho por Caral y que veamos a nuestras autoridades invitar a gente de otros países a que visite nuestros atractivos turísticos, cuando en realidad esa zona arqueológica ubicada a un paso de Lima ha sido dejada a su suerte por este gobierno. ¿Estarán esperando que haya un atentado y que todo sea lotizado y vendido a gente a la que luego será imposible retirar? ¿Así quieren pasar a la historia la presidenta Boluarte y su ministro Valencia?
Proteger a los responsables de un proyecto arqueológico como Caral y a la zona misma, debería ser una política de Estado, algo que tendría que darse sin que la señora Shady tenga que salir a exigir lo que corresponde. Es evidente que a este gobierno poco o nada le importa la cultura, pero algo tienen que hacer pues de por medio también están la vida y la integridad de profesionales que han dado todo por preservar restos como los que ahora son la codicia de criminales.