La prisión preventiva es un símbolo del fracaso del sistema judicial. Lo que debería ser una medida excepcional, dictada solo cuando existe peligro real de fuga u obstrucción del proceso, se ha convertido en castigo anticipado, aplicado con ligereza y, en muchos casos, sin sustento jurídico sólido. Jueces y fiscales parecen olvidar la presunción de inocencia que no es una frase decorativa de la Constitución, es un principio fundamental del Estado de derecho. Con cada prisión preventiva el sistema judicial condena socialmente a quienes no han sido hallados culpables, destruyen su vida familiar, laboral y su reputación. Jueces y fiscales responden a la presión mediática o buscan notoriedad. La arbitrariedad mina la confianza en la justicia, muchas veces sin respaldo sólido. Basta una denuncia para privar a alguien de su libertad. Se ha dictado sentencia en primera instancia contra Odebrecht y la coima para la buena pro para las líneas 1 y 2 del Metro de Lima. Se ha demostrado que Enrique Cornejo no tenía culpa ni responsabilidad cuando lo acosaron mediáticamente y le hicieron perder la Alcaldía de Lima. No hay una sola palabra en este juicio contra Alan García a quien indujeron al suicidio. Otro acusado es el profesor Jesús Munive Taquía, a quien sin pruebas le dieron dos años de preventiva que debió purgar. Es probable su absolución, con gran fuerza sigue dictando sus clases de Derecho y acaba de publicar un libro de Ciencia Política. Igual sucedió con la voleibolista Jéssica Tejada. Nuestro homenaje a la valentía y decencia de quienes se saben inocentes y acatan la ley. Urge una reforma que sancione el abuso de la prisión preventiva y proteja los derechos de acusados que sin pruebas son condenados anticipadamente y de manera arbitraria.
