Con la anulación del Caso Cocteles que tenía como principal implicada a Keiko Fujimori, muchas miradas y críticas han ido hacia los fiscales politizados e ineptos José Domingo Pérez y su jefe Rafael Vela Barba, que de hecho son los grandes responsables de este papelón que viene acompañado de un descomunal despilfarro de recursos públicos que solo ha servido para una investigación de casi una década, que ha sido puro fuego artificial, puro humo, puro circo.
Sin embargo, no dejemos de lado la responsabilidad compartida del Poder Judicial, que ha acatado muchos de los pedidos abusivos de Pérez, que han incluido detenciones luego revocadas, allanamientos, acusaciones y hasta citaciones absurdas, todas teñidas de politiquería barata, de persecución, de sesgo, de gestos ridículos para las tribunas que por un tiempo miraban extasiadas a este “justiciero” que se victimizaba hasta cuando una reportera le pedía declaraciones en la puerta de su casa.
Con un Poder Judicial idóneo, jamás hubieran sido posibles los excesos del mencionado fiscal. Recordemos las veces en que el juez Richard Concepción Carhuancho aceptó pedidos de detención, y que su colega Víctor Zúñiga Urday admitió el pase a juicio oral de la investigación de Pérez, que antes fue devuelta 19 veces para que sea corregida porque no cumplía con los estándares mínimos. ¿Por qué no rechazó todo el caso si estaba tan mal planteado desde un principio?
Pérez y su jefe Vela han hecho un grave daño a la lucha contra la corrupción que todos los peruanos venimos exigiendo desde que a fines del 2016 la empresa brasileña Odebrecht admitió que había sobornado a autoridades y políticos en el Perú a cambio de ganar licitaciones y hacerse de obras millonarias. Hoy la credibilidad del sistema de justicia, que ni siquiera ha sancionado a los corruptores, está por los suelos, para felicidad de los ladrones y sinvergüenzas. ¿Quién va a reparar esto?
Lo más probable es que en los próximos días veamos a Pérez yendo a los medios –quizá provisto de un chaleco antibalas– para victimizarse y culpar a quién sabe quién por lo que acaba de disponer el Tribunal Constitucional en contra de su investigación. Dirá que hay complot contra él, que lo van a echar del cargo al cual por cuenta propia debería renunciar por dignidad y que el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, debería irse a su casa. Su problema es que ahora muy poca gente le cree, que las cosas ya no son como antes. Ya no es un “rockstar”.
