El gobierno de Pedro Castillo está plagado de designaciones de muchos altos funcionarios y directivos públicos de rancio prestigio, escasa preparación, nula experiencia y grandes cuestionamientos de todo calibre: moral, fiscal y judicial. El presidente pareciera no querer ver la realidad y pareciera cumplir cabalmente el perfil señalado, 192 años atrás, por el filósofo Alemán Arthur Schopenhauer, quien reflexionaba sobre la vanidad de los hombres y su escasa inclinación a discutir en búsqueda de la verdad. Castillo, vocifera en plazas públicas en contra de aquellos que critican su gobierno, aduciendo que no cejará en luchar “contra” la corrupción y la defensa del “pueblo”, soslayando los propios actos de corrupción y escasa transparencia de su propio gobierno: las reuniones clandestinas con proveedores del Estado que terminan beneficiados con las buena pro, las evidentes dadivas recibidas del bolsillo de los lobistas de las obras publicas en licitación, a través de la realización de fiestas y reuniones sociales sacadas a la luz por los medios de prensa, en las que participan corruptos y corruptores, la repartija de coimas y demás. La transparencia y la legalidad parecieran muy ausentes de la visión presidencial y en su lugar, el Presidente Castillo parecería muy dispuesto a continuar con su tesis de falsa probidad.

Felizmente, tenemos hoy la Ley 31419 promulgada el 15 de febrero, que fija los requisitos mínimos e impedimentos para el acceso a cargos de funcionarios y directivos públicos tanto de elección popular como de libre designación, con el fin de garantizar la idoneidad al acceso de la función publica. Un gran acierto del Congreso Nacional. El rechazo que produce en la sociedad la soberbia e ignorancia de muchos de quienes nos gobiernan, es cada vez más clamoroso y está despertando incluso a aquellos peruanos del Perú profundo que pensaron que estas autoridades les ofrecerían un cambio que no se da. Las conductas autoritarias, corruptas e incomprensibles que muchas veces demuestran tanto el presidente Castillo como su equipo de gobierno, han convertido al Estado en un evidente botín laboral para beneficiar a todos sus adeptos y a aquellos a los que se busca dominar a través de la dadiva. Ahora que tenemos esta Ley, promulgada, que fija los requisitos mínimos para ser funcionario público, sería ideal que, por transparencia y gesto democrático, el gobierno retire –antes de los 30 días de adecuación concedidos por la misma ley– a todos aquellos personajes de turbio pasado y ralo prestigio personal y profesional, para cumplir con los requisitos mínimos y salvaguardar la institucionalidad de nuestras entidades públicas y el honor de nuestro país.

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