Mientras la actual fiscal de la Nación declara que en su representada “…no hay pugna, no hay crisis, no hay nada…” y que la orden de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de restituir en sus funciones a la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, es “inejecutable” y por ello se apresta a atrincherarse en su cargo, ofreciendo un plantón de subordinados acompañados con velas y un sinfín de declaraciones públicas, medio Perú se desangra en interpretaciones y posturas a favor o en contra del desastre en el que se ha convertido la falta de respeto a la institucionalidad, al orden y a la legalidad en nuestro país.

El Ministerio Publico, que debería ser el abanderado del respeto supremo a estos principios, viene ofreciendo una lamentable imagen de insubordinación que afecta el respeto al Estado de derecho y que nos recuerdan la famosa frase “…a mis amigos, todo; a mis enemigos, la ley”.

Lo cierto es que una resolución administrativa en el Perú no puede declararse “inejecutable” o “nula” arbitrariamente. Para que ello ocurra, debe ser declarada de tal forma por una autoridad judicial competente o por la propia entidad que emitió la resolución en cuestión; también, a través del pedido de aclaración o inaplicación mediante los procedimientos legales correspondientes (alguna acción contenciosa-administrativa o acción de amparo). Dicho esto, no son las personas y menos los administrados los llamados a desobedecer o desacatar cualquier resolución emitida por un órgano legalmente competente, e insubordinarse ante una supuesta afectación a sus derechos o intereses legítimamente perseguidos, para eso existe el estado de derecho y las armas y vías que se ofrecen para plantear cualquier discrepancia u oposición. Ya anteriormente, hemos visto cómo la propia JNJ “interpretó” la Constitución para favorecer con la extensión del límite de edad permitido, la permanencia de una de sus integrantes, haciendo una interpretación bastante antojadiza y fuera del mandato legal.

Es inadmisible que esta anarquía, de la que hoy somos testigos, se siga extendiendo en todos los fueros de nuestro país y retomemos con urgencia al cauce de la racionalidad, pues lo contrario supondrá que la informalidad que hoy asola nuestra economía y nuestro mercado laboral, alcance rápidamente a las instituciones tutelares y nos convirtamos en la nación del hazmerreir.