La delincuencia sigue en aumento en todo el país, mientras que el Gobierno insiste en proyectar una realidad muy distinta. Una de las estrategias más utilizadas en el ejercicio del poder es instalar una idea como si fuera una verdad incuestionable, transformar una opinión en un hecho. Sin embargo, la presidenta Dina Boluarte, sus ministros y los congresistas han llevado esta práctica al extremo.
Las cifras son alarmantes: cada cuatro horas se registra un asesinato en el país y las denuncias por extorsión han aumentado un 19% en comparación con el año 2024. Estos números no son solo estadísticas frías, sino el reflejo de una sociedad cada vez más golpeada por la violencia y el crimen organizado.
El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, es el responsable político de esta creciente inseguridad. No obstante, lejos de asumir responsabilidades, se siente respaldado tanto por el Ejecutivo como por el Legislativo. “Yo no voy a renunciar porque para mí una renuncia significaría rendirme (...) Estamos haciendo un trabajo denodado en la lucha contra la criminalidad”, declaró. Pero las cifras contradicen sus palabras y la percepción ciudadana dista mucho de respaldar su gestión.
La falta de voluntad política para cuestionar a Santiváñez es notoria. Ni siquiera puede ser citado al Congreso para rendir cuentas por los cuestionamientos a su labor. Es evidente que existe un interés común en blindarlo.
