Si hay una cosa que me ha llamado siempre la atención en la tan necesaria lucha contra la corrupción dentro del caso Lava Jato, es la facilidad con que el Ministerio Público acusa a los “peces gordos”, los cual está muy bien, y no apunta con la misma fuerza a los funcionarios de menor jerarquía que sin duda han tenido que estar implicados en los actos irregulares cometidos por sus jefes cuando fueron presidentes, gobernadores o alcaldes.

Como he señalado antes en este espacio, un presidente, gobernador o alcalde jamás hubiera podido direccionar una licitación o firmar un contrato con cualquier empresa corruptora que previamente lo haya “aceitado”, si es que los mandos medios no hubiesen sido también corruptos o unos verdaderos negligentes y pusilánimes, que dejaron que se levantan en peso varios millones de dólares sin hacer algo al respecto.

Tenemos el caso de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, a quien se acusa de haber entregado los peajes a quienes la sobornaron. Ella está presa al igual que su entonces gerente José Miguel Castro. Sin embargo, ¿qué fue de los regidores y funcionarios que avalaron esta acción fraudulenta? Si vamos al régimen de Ollanta Humala, habría que preguntarse si ningún servidor se pudo oponer a las órdenes de Nadine Heredia sobre el Gasoducto del Sur. ¿O eran sus cómplices?

Lo mismo sucede con la carretera Interoceánica dada a los corruptores de Odebrecht en tiempos de Alejandro Toledo. ¿Dónde estuvieron los ministros, viceministros y directores de las empresas públicas? Igual sucede con las coimas por el Metro de Lima durante el segundo gobierno del fallecido Alan García. ¿Ningún ministro o funcionario de diferente nivel tuvo que ver en esto? ¿Todo queda en Jorge Cuba y Edwin Luyo? ¿Tan fácil se roba en el Perú?

El Ministerio Público debería ver muy bien hacia dónde apuntan sus acciones. Está bien tener contra las cuerdas a expresidentes y demás altas autoridades. Si son corruptos que se vayan presos, y bien presos. Pero con un sistema como el peruano, es imposible que hayan actuado solos. La mano de la justicia tiene que alcanzar a todos, a jefes, funcionarios y empleados, por más que las denuncias y los arrestos de estos últimos no generen ruido ni la atención de los medios.

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