La acción de amparo presentada por la Defensoría del Pueblo para que Ana Estrada Ugarte (43) obtenga el derecho a elegir una muerte digna es un hecho sin precedentes que nos obliga a analizar cómo está reaccionando el Estado frente a quienes se encuentran en la misma situación. Ana Estrada Ugarte es una mujer que desde los 12 años padece polimiositis, una enfermedad degenerativa e incurable que la vuelve prisionera de su propio cuerpo, pero no afecta su mente ni su libre determinación. Ana pide que, llegado el momento, pueda ejercer su libertad de morir dignamente sin que ninguna de las personas que la asista en este fin sean condenadas por ello. Que la Defensoría del Pueblo haya asumido este tema controvertido de derechos humanos abre un camino. Como dijo el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, esta medida no busca promocionar la muerte sino “que se ejerza un derecho (...) una lucha por la vida, la libertad y la dignidad”. Corresponde, entonces, reconocer y apoyar a quienes están llevando adelante esta acción que no solo se traducirá en libertad para Ana, sino que creará un precedente para todos los peruanos y peruanas que están en esta misma situación. Esperemos que la Justicia esté a la altura del requerimiento.

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