Eduardo Arana debe enfrentar una guerra no convencional que ha motivado varios paros nacionales con menor o mayor éxito, que nos toca entender como un grito colectivo de desesperación ante las amenazas a la vida de los peruanos. Y ese grito hoy contiene la exigencia de la renuncia de Dina Boluarte si no demuestra eficiencia en combatir la criminalidad organizada en todo el Perú. Este es el desafío del nuevo viejo gabinete al que la presidenta ha dado una nueva oportunidad en la que se juega su destino. Nada fácil, el fracaso ya lo tienen. Les toca renovar la perspectiva y apostar por un enfoque integral, multisectorial y sostenido con acciones concretas sobre la Policía Nacional que parece formar parte del problema. Corresponde una complicada depuración interna para erradicar corrupción y vínculos con el crimen organizado. Tan duro como suena. Implica acometer movidas y ascensos en busca de una selección ética y de una modernización operativa con mejor equipamiento (vehículos, armas, comunicaciones). Sin dejar de lado la tecnología como cámaras de reconocimiento facial, drones, y análisis predictivo del delito. El mundo está demostrando que la inteligencia humana y artificial funciona en esta lucha contra el crimen. Otro aspecto es la articulación entre la PNP, Ministerio Público, Poder Judicial y SUNAT hasta ahora con vacíos y contradicciones. . Arana tiene condiciones para mostrar voluntad política y liderazgo para lograr un compromiso del más alto nivel: un Pacto político por la seguridad al que ningún gran partido podría negarse para aislar la lucha contra la criminalidad del enfrentamiento político y asegurar la continuidad de políticas exitosas independientemente del gobierno de turno.

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