El retorno de Patricia Benavides al Ministerio Público como fiscal suprema es un acto de desagravio, ordenado por la Corte Suprema y la Junta Nacional de Justicia, tras anularse la sanción que la apartó del cargo. Sin embargo, este regreso no está exento de sombras: la imposibilidad de reincorporarse como fiscal de la Nación, puesto que ejercía antes de su suspensión, evidencia una reparación incompleta y un preocupante precedente institucional marcado por lancia renuencia de la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza, a acatar ei mandato judicial y de la JNJ ambos claros en restituirla de inmediato. No obstante, Espinoza retrasó su ejecución con pedidos de aclaración, maniobras y propuestas para enviarla al Jurado Nacional de Elecciones, todas rechazadas. Estamos ante una erosion de la autoridad de las instituciones que debilita el principio de sujeción al orden jurídico. En este contexto, el desagravio queda reducido a un gesto parcial. La restitución como fiscal suprema es una victoria jurídica para Benavides, pero no atiende la dimensión política y funcional de su salida. La JNJ debió actuar con firmeza para prorrogar el período que le restaba como fiscal de la Nación, interrumpido por una medida declarada inválida. No hacerlo implica reconocer el daño sin devolver íntegramente la posición que le correspondía. El comportamiento de la fiscal de la Nacion, de claro incumplimiento a resoluciones de la Corte Suprema y de la JNJ, sienta un precedente inaceptable y muy peligroso para la institucionalidad. Si las más altas instancias de justicia pueden ser desoídas por una alta funcionaria, la jerarquía normativa y el respeto a la legalidad quedan comprometidos. El verdadero desagravio no es solo devolver el cargo, sino restituir tiempo y condiciones interrumpidas. En un Estado de derecho, la reparación debe ser plena y la obediencia, inmediata.
