La confirmación de la responsabilidad criminal de Castillo queda evidenciada en los actos desesperados que ha venido realizando, como invocar la carta democrática ante la OEA y apurar los mecanismos para cerrar el Congreso.
Lo expresaban en plazas, calles y en reiteradas oportunidades. De palabras han pasado a la acción. Al sustentar la cuestión de confianza, Torres decía que no era su intención cerrar el Congreso, pero al mismo tiempo amenazaba diciendo: “El Ejecutivo está facultado para presentar, de acuerdo con la Constitución, dos o más cuestiones de confianza, incluso simultáneamente y no necesitaríamos de más de cinco días para llegar a la conclusión que pretenden llegar”.
El escenario político se ha convertido en una competencia, donde el supuesto ganador será quien retire primero al otro. A esa mínima expresión, nos han conducido los actores políticos del gobierno, los “tibios”, “niños” y caviares del Legislativo, legado de Vizcarra.
Hace bien la mesa directiva del Congreso en ejercer la defensa de sus fueros. En respeto de la Constitución, no corresponde considerar como “bala de plata” la respuesta a la ilegal cuestión de confianza planteada.
El Ejecutivo no puede interpretar arbitrariamente el rechazo de plano cual denegación fáctica. Ello devendría en un ejercicio abusivo del derecho. De considerar negada la confianza, y activar una supuesta segunda cuestión de confianza, se habilita la posibilidad de acusar constitucionalmente al presidente de la República conforme al artículo 117 de la Constitución, por impedir el funcionamiento del Congreso.
El gobierno instrumentaliza al país como un medio para conseguir impunidad. Muchos congresistas allegados al régimen estarán pensando en defender su curul canjeándola por impunidad, en una suerte de pacto putrefacto mediante el cual nadie toca a nadie y así todos llegan hasta el 2026. ¡Error!
El peso de los delitos hundirá al régimen con todos sus defensores, por eso la estratégica renuncia de Boluarte, quien también es infractora de la Constitución. No hay otra salida que retirar constitucionalmente del poder al gobierno, caso contrario la crisis irá en aumento y el Ejecutivo pondrá fin a la democracia cerrando el Congreso.
