La reciente presentación de Donald Trump en el Senado para pronunciar un mensaje está prevista en la Constitución estadounidense de 1787. Como jefe de Estado y Gobierno, el presidente federal debe acudir periódicamente para “proporcionar al Congreso informes sobre el estado de la Unión, recomendando a su consideración las medidas que estime necesarias y oportunas” (Artículo 2, Sección 3). Este deber anual es una consecuencia jurídica de su fórmula de juramentación: “Juro (o protesto) solemnemente que desempeñaré legalmente el cargo de Presidente de los Estados Unidos y que sostendré, protegeré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos, empleando en ello el máximo de mis facultades” (Artículo 2, Sección 1). Por ello, el llamado día del estado de la Unión se fija para mediados de enero, aunque este año se postergó debido a la reciente asunción de su mandato constitucional.
Otro dato relevante durante la ceremonia fue que el presidente Trump acudió al Senado acompañado de su vicepresidente, J.D. Vance, quien preside el Senado (Artículo 1, Sección 4). La Constitución establece que, en ausencia del vicepresidente, se nombrará un titular pro tempore para dirigir las sesiones como su speaker (Artículo 1, Sección 5). Lo interesante es que esta excepción se ha convertido en regla en el Senado. Esto se debe al espíritu más tajante de la separación de poderes en su forma de gobierno, ya que para los estadounidenses este principio opera casi como una filosofía en su práctica política.
