Para cualquier peruano pensante, ha quedado claro que las protestas callejeras han cruzado la línea del justo y legal reclamo, para ingresar al terreno del delito. Lo vemos cuando se pretende tomar aeropuertos, se apedrean vehículos, se roba, se saquea, se atenta contra locales públicos y privados y se agrede de la forma más salvaje a la Policía Nacional.

Ante esto, solo queda actuar con la ley en la mano. El discurso trillado y demagógico de la izquierda que afirma que “se está disparando al pueblo” o “se reprime a los pobres”, cae en saco roto cuando vemos a delincuentes armando caos, tomando una carretera, entrando a la fuerza a un aeropuerto o lanzando explosivos a una comisaría, como lo hemos visto el viernes en Andahuaylas.

El Estado no puede quedarse de brazos cruzados cuando una protesta deja de ser pacífica e incurre en métodos terroristas y criminales. Lo visto desde hace varios días es delito puro, y eso tiene que ser primero controlado por las fuerzas del orden y más tarde sancionado por la justicia.

El Perú no está para soportar el discurso demagógico de la izquierda cómplice de grupos violentos. Es esa izquierda que busca muertos en las calles para tener más “argumentos” en su campaña por hacer estallar al país que todos queremos ver en paz y avanzando hacia el desarrollo.

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