En julio de 2026 se producirá un cambio histórico en la arquitectura legislativa del país: se reinstala el Senado como parte de un Congreso bicameral, dejando atrás el esquema unicameral que centralizaba competencias. Con 60 miembros elegidos por cinco años —representando a circunscripciones regionales y al distrito nacional— el Senado compartirá la presidencia del Congreso de manera alternada con la Cámara de Diputados; entre sus atribuciones destacan la capacidad para revisar y modificar leyes, controlar decretos de urgencia y legislativos, y evaluar tratados internacionales y regímenes de excepción.
En cuanto a nombramientos, elegirá y podrá remover, por mayoría calificada, al defensor del Pueblo, magistrados del Tribunal Constitucional, directores del Banco Central, contralor general y otros altos funcionarios. El Senado también jugará un papel crucial frente al Poder Ejecutivo y la defensa nacional, pues, autorizará los viajes presidenciales, el ingreso de tropas extranjeras y la prórroga de estados de emergencia o de sitio. En caso de que se disuelva la Cámara de Diputados conforme con la Constitución, el Senado se mantendrá en funciones actuando como garante institucional. El Senado también participará en las acusaciones constitucionales contra altos funcionarios y formará parte de la Comisión Permanente en periodos de receso, asegurando continuidad parlamentaria.
La restitución del Senado exigirá parlamentarios con experiencia, criterio y vocación democrática para ejercer un contrapeso efectivo y fortalecer el equilibrio político. Sin embargo, el verdadero cambio no sólo dependerá del diseño institucional: está en manos de la ciudadanía, con su voto decidirá si el bicameralismo producirá gobernabilidad y responsabilidad pública.
