La reciente solicitud de la Fiscalía Anticorrupción para impedir la salida del país del vocero presidencial, Fredy Hinojosa, junto con exfuncionarios del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), pone en evidencia un caso que merece ser abordado con total transparencia y rigor. Las acusaciones relacionadas con la distribución de conservas presuntamente en mal estado a escolares beneficiarios del programa Qali Warma no solo cuestionan la gestión de Hinojosa como exjefe de dicho programa, sino que también colocan bajo la lupa al Gobierno.
Las evidencias que apuntan a irregularidades en Qali Warma no solo acorralan a Hinojosa, sino que alimentan una creciente percepción de corrupción en el actual Gobierno. En un contexto de crisis de confianza en las instituciones, es esencial que estas actúen con independencia y que se garantice el respeto a la justicia sin interferencias políticas.
A ello se suma una inquietante demora en la firma de la autógrafa de ley que restituye la detención preliminar, una herramienta clave para la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. La falta de acción por parte del Ejecutivo en este aspecto no hace sino avivar las sospechas de posibles maniobras desde Palacio de Gobierno para proteger a Hinojosa o a otros implicados en el caso.
