Como tantas veces en los últimos años, el Gobierno ha recurrido nuevamente al estado de emergencia como respuesta al crecimiento de la criminalidad. En esta ocasión, la medida se ha aplicado a Lima y Callao, pero, pocas horas después, la violencia seguía cobrándose más vidas. La pregunta inevitable es: ¿realmente esta estrategia tiene algún impacto en la seguridad ciudadana o es solo una respuesta simbólica para apaciguar la indignación pública?
Mucho nos tememos que se trata, una vez más, de un gesto meramente declarativo ante la ola de asesinatos que azota al país. Las expresiones de la presidenta Dina Boluarte y del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, llenas de promesas y frases que parecen extraídas de un manual de autoayuda, ya no convencen a una ciudadanía que ha perdido la tranquilidad y la paz. Señalar culpables del pasado y eludir responsabilidades puede ser una estrategia de propaganda eficaz, pero en nada contribuye a resolver la crisis de inseguridad
El ministro del Interior es la autoridad directamente encargada de la lucha contra la delincuencia. Su fracaso es innegable. Él mismo fijó plazos y metas para evaluar la efectividad del estado de emergencia. En septiembre del año pasado, declaró que si la medida no funcionaba, renunciaría. No funcionó en ningún lado. Entonces, ¿por qué se insiste únicamente en una estrategia que ya ha demostrado su ineficacia? ¿Se espera un milagro?
