Recientemente, en Trujillo, un grupo de ciudadanos decidió tomar la iniciativa de borrar las pintas de Alianza para el Progreso (APP) en las paredes de su ciudad. “Vamos a borrar estas h..., todas las ‘A’ vamos a borrar, a ver qué alguien venga y me diga algo, ladrones, toda la vida quieren estar en el gobierno”, exclamaba uno de ellos, reflejando una indignación que resuena en el norte del país. La frustración es palpable, y no es para menos. En un contexto donde la violencia se ha vuelto una constante, la percepción de ineficacia del gobierno regional, liderado por César Acuña, se ha convertido en un grito de desesperación.
En los primeros 32 días del año 2025, Trujillo ha sido escenario de 32 asesinatos. Esta alarmante cifra no solo habla de la criminalidad desbordante, sino también de la incapacidad de las autoridades para enfrentarla. La relación entre APP y el Ejecutivo de Dina Boluarte se percibe como un matrimonio indisoluble, donde ambos parecen más interesados en mantener sus privilegios que en buscar soluciones efectivas a la creciente ola de delincuencia.
APP, que ha tenido el control del Congreso durante dos años, ha sido cómplice de esta situación, mirando hacia otro lado mientras la violencia se desata. La falta de acción y compromiso para frenar esta crisis es inaceptable. La indignación que ha comenzado a manifestarse en Trujillo es solo el inicio de un rechazo que podría extenderse por todo el país.
La corrupción y los arreglos bajo la mesa han tejido un entramado que ahoga las esperanzas de una ciudadanía que clama por seguridad. Según el analista de datos Juan Carbajal, el Perú se encuentra entre los países con mayor índice de criminalidad en el mundo. La inoperancia del gobierno y su cómplice APP es la causa.
