La semana pasada el Ministerio Público y la Policía Nacional llevaron a cabo una operación para desbaratar una organización criminal denominada “Los topos del frío”, dedicada a la extracción ilegal de oro. Ese día se incautó un cargamento de este metal valorizado en diez millones de dólares. Las intervenciones se efectuaron en Lima, Callao, La Libertad, Piura y Arequipa.

Más allá del hecho policial en sí, llama la atención la poca voluntad que pone el Estado en el combate a la minería ilegal en puntos muy bien conocidos por todos. No solo hablamos de Madre de Dios, sino también de la sierra de La Libertad y de Piura, donde organizaciones dedicadas a extraer minerales de manera ilegal, operan con total impunidad.

Por ejemplo, el jede de la III Macrorregión Policial La Libertad, general PNP Lucas Núñez, ha señalado que en el país existen alrededor de 400 mil mineros informales, los cuales solo hacen noticia cuando sufren algún accidente o se ven comprometidos en hechos al margen de la ley. ¿Dónde quedaron los esfuerzos por la formalización de estas personas? ¿No existe acaso una entidad estatal dedicada a esta labor?

Es urgente que el Estado trabaje decididamente para acabar con esta actividad que aparte de provocar daño ecológico, ese que nuestros “ambientalistas” locales no quieren ver, también genera explotación laboral, sexual y alimenta muchos delitos conexos que no pueden ser dejados de lado.

Para acabar con la minería que opera al margen de la ley, no hacen solo falta buenas intenciones –si es que lo hay–, sino mucho trabajo concreto y decidido.

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