La justicia tarda pero llega. El repugnante y macabro “Plan Cóndor” que estremeció América del Sur durante los años 70 cuando la región estuvo plagada por dictaduras acaba de ser considerada por un tribunal argentino como una asociación ilícita que funcionó para eliminar a los opositores de los denominados gobiernos de facto de ese entonces en Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y el Perú. El país que más avanzó para evitar la impunidad ha sido Argentina. De hecho, la reciente sentencia de una sala penal en Buenos Aires contra el presidente de facto general Reynaldo Bignone, condenándolo a 20 años de prisión, confirma que la justicia sí funciona cuando se tiene convicción en que la impunidad no puede terminar siendo una regla y menos en un país precisamente fracturado y con enormes heridas abiertas por la sistemática violación de los derechos humanos. Los gobiernos de facto o de hecho alcanzaron el poder tirando al tacho la Constitución Política del Estado y, por supuesto, el imperio del Estado de Derecho. Fueron regímenes que jamás valoraron la importancia de la tolerancia y que encimaron toda su fiereza coercitiva (amenaza) y coactiva (fuerza) sobre aquellos que pensaban distinto. El general Francisco Morales Bermúdez Cerruti, quien detentó el poder entre 1975 y 1980, es requerido por la justicia italiana, junto a 31 militares de otros países, por la muerte de 20 italianos. También está procesado por la justicia peruana por el secuestro de otras 13 personas en 1978. Aunque ha insistido en que es inocente -eso que lo resuelva la justicia- y de hecho puede salir del país, difícilmente lo hará pues pende sobre él una orden de detención internacional para ser enjuiciado en Roma.
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