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Recordemos esos diálogos escuchados, hace más de año y medio, en las grabaciones que fueron presentadas por Fuerza Popular y que precipitaron la renuncia de PPK. Había allí un tema de fondo. Uno de los interlocutores lo dice claramente: se trata del “negocio de los congresistas”, esos que hacen “los apristas” y también “los humalistas”.

En provincias, sobre todo, la labor favorita de los congresistas parece ser esa. ¿Por qué si la función esencial de un parlamentario es fiscalizar y proponer y aprobar leyes, estos señores se esmeran en ser gestores o tramitadores de obras para los alcaldes y el gobernador regional?

Podemos ser crédulos y observar con buena fe. Podríamos, pues, pensar que a los congresistas solo les estimula el deseo de ayudar a sus pueblos, a las autoridades locales que no tienen cómo llegar a las oficinas del Gobierno Central en Lima. Podríamos.

Sin embargo, ahí están las versiones en la sombra. Y no tan en la sombra: en el norte, por ejemplo, el fiscal Juan Carrasco investiga a congresistas como Héctor Becerril y Javier Velásquez Quesquén por presuntamente intervenir en la dación ilegal de obras públicas en Chiclayo. Esto dentro del caso “Los Temerarios del Crimen”.

El fiscal Carrasco va más allá. “No es un caso aislado de Chiclayo, se da a nivel nacional (…) La teoría de la Fiscalía es que, de acuerdo con varias versiones y corroboraciones, si bien el Congreso no maneja temas de dinero, en la Comisión de Presupuesto es donde deciden a quién le dan las obras que introducen en el texto final”, declaró hace poco a El Comercio.

En otras regiones, como La Libertad, son conocidos los congresistas “tramitadores”. Algunos han hecho vida política en la Comisión de Presupuesto, centro neurálgico de componendas bajo la mesa, según parece.

Y ahí está el negocio, como dirían en aquel audio grabado por Mamani y compañía.