En un estado de derecho, no se puede permitir que el país esté secuestrado por turbas de mineros informales que han tomado vías en diferentes zonas, para presionar por medio de la violencia al Poder Ejecutivo y al Congreso a fin de que den las normas a favor de su actividad económica que buscan seguir llevando a cabo sin mayor control, para lo cual cuentan con el apoyo de parlamentarios castillistas y cerronistas que por lograr votos que los lleven a la soñada reelección, son capaces de cualquier barbaridad.
Desde el Poder Ejecutivo no se ve de momento la voluntad de mandar a la Policía Nacional a acabar, de acuerdo a ley, con esos bloqueos que están afectando a peruanos que nada tienen que ver con esta situación, como la gente de Arequipa y Tacna que está padeciendo por la demora en la llegada de productos de primera necesidad. En Palacio de Gobierno aún está vivo el temor por los muertos en los salvajes desmanes del 2022 y 2023, con los que se buscaba reponer al golpista Pedro Castillo.
De otro lado, el Ministerio Público y el Poder Judicial deben actuar con rapidez, como lo hacen cuando los intereses políticos de sus cabezas están en juego. Estos bloqueos de vías en diferentes zonas del país que han ocasionado un muerto en la región Arequipa y grandes daños a la economía del país, como ha advertido ayer el Banco Central de Reserva (BCR), que ha estimado que por estas medidas el PBI de julio caerá 0,2% respecto de lo previsto, son delitos graves y no pueden quedar impunes.
Ahí tienen al dirigente de los mineros Máximo Franco Bequer, militante de Renovación Popular para mayores luces, quien hace unos días hizo llamados públicos a la violencia, y en plena avenida Abancay decía que iban a correr ríos de sangre. Advertía la muerte de manifestantes y de policías. Fue luego que la Comisión de Energía y Minas del Congreso rechazara aprobar un mamarracho de dictamen que favorecía su actividad. ¿Algún fiscal al menos se ha dado el trabajo de citarlo?
El Perú no está para más muertos por culpa de revoltosos que se creen impunes ni para tolerar que violentistas frenen el avance del país. La legalidad tiene que imponerse frente a la piedra, el palazo, la llanta quemada y la barricada, así como también a los intereses de ciertos politicastros a los que no les importa el daño ambiental, la evasión, la explotación laboral y sexual, y que la minería sin control sea además un foco de violencia, como ocurre en Pataz. La ciudadanía está en su derecho de reclamar acciones.
