La aprobación de la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo parecía representar una primera victoria política para el Gobierno de Keiko Fujimori. Incluso contó con votos de las bancadas de Obras y Buen Gobierno. Sin embargo, el resultado no dejó satisfechos ni a la mandataria ni al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta. Fujimori lamentó que el Parlamento autorizara legislar únicamente sobre seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño, pese a que su administración había solicitado atribuciones en otras materias. El premier, por su parte, cuestionó a los sectores del Congreso que, a su juicio, dificultan la atención rápida de los problemas nacionales. Así, lo que pudo ser una oportunidad para acercar posiciones terminó exhibiendo las diferencias que persisten entre ambos poderes.
Lo preocupante es que este desencuentro pueda convertirse en una constante durante el quinquenio. El país necesita un Gobierno que avance en asuntos vitales como la lucha contra la inseguridad y el hacer frente a desastres naturales, con el respaldo de un Congreso que no mida su influencia por la capacidad de poner obstáculos al Ejecutivo. La ciudadanía espera que sus autoridades discutan, lleguen a acuerdos y expliquen sus decisiones, no obstruccionismo.
Los desafíos que enfrenta el Perú exigen coordinación. El Ejecutivo debe demostrar ahora capacidad de gestión y el Congreso tiene que contribuir desde sus funciones legislativas y fiscalizadoras. La responsabilidad por el futuro del país no pertenece exclusivamente a una institución: es compartida.
