EL PODER COACTIVO Y COERCITIVO EN EL PERÚ Y EN LA REGIÓN

El Gobierno del Perú recientemente ha emitido la Resolución Suprema N°080-2019-IN para “… el mantenimiento del orden interno en el Terminal Portuario Matarani, ubicado en la provincia de Islay del departamento de Arequipa”. ¿Qué significa eso? Lo voy a explicar. En primer lugar, el único titular del uso de la fuerza es el Estado. Nadie ni nada que no lo sea puede atribuírselo. El Estado, que es la sociedad jurídicamente organizada, entonces, cuenta con el monopolio del uso de la fuerza para el mantenimiento del orden social. El uso de la fuerza es un atributo que lo ejerce a través de los estamentos idóneos que, conforme la Constitución Política, lo constituyen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. La intervención en Islay es coercitiva (amenaza o advertencia legítima) por regla, y coactiva (uso de la fuerza material o violencia legítima) por excepción. Esta premisa se encuentra desarrollada abrumadoramente en la doctrina internacional sobre conflictos y control social. Por lo tanto, no se crea que nuestros militares actuarán coactivamente, prima face, en primer lugar. Están facultados para hacerlo y lo harán a la más mínima manifestación revoltosa que atente contra la paz y la tranquilidad pública. Sin el poder de policía, un Estado podría consumarse vulnerable y terminar mostrándose debilitado. El Estado peruano debe mostrar siempre la autoridad de la que está investido, por ser la única entidad con soberanía, una calidad y una cualidad intrínsecas que heredó de la Paz de Westfalia de 1648, que puso fin a la Guerra de los Treinta Años. El poder coactivo y coercitivo debe prevalecer e imponerse frente al anarquismo, que se aprovecha de las circunstancias de polarización que suele haber en el país. Tía María es solamente un ejemplo de los muchos procesos conflictuales que ha venido experimentando el país como consecuencia de un proceso histórico con enormes fracturas aprovechadas por los referidos anarquistas. Con la dación de esta norma jurídica, debe asumirse como fundamental el empoderamiento del Estado a sus propias Fuerzas Armadas, que resultará necesario para la confianza en el desarrollo de sus operaciones. Así se ha hecho en la región, donde los conflictos parecen constituirse en una regla intratestatal muy penosa, como pasa en México, en Centroamérica o como pasó en Colombia.