Hace semanas atrás, cuando los resultados de las elecciones internas de Alianza Para el Progreso en Trujillo creaban su cisma dentro del propio partido de César Acuña, un tema entró a la discusión: la participación de los ronderos en dichos resultados. El triunfo de José Ruiz sobre Martín Namay (este último favorito de Acuña) tuvo la ayuda de las rondas, y eso explicó por qué los votos de la sierra liberteña ayudaron a ese desenlace que definió la candidatura apepista a la alcaldía de Trujillo.

Días después tuvimos otro hecho llamativo con personajes similares. La Universidad César Vallejo, de propiedad de Acuña, suscribió un convenio con la Central Única Regional de Rondas Campesinas de La Libertad. Este convenio permitía que los hijos de los ronderos agremiados puedan acceder a estudiar una carrera en dicha casa de estudios con un importante descuento. Muchos, por supuesto, vieron en este acto de apoyo “desinteresado” una forma de ganar votos entre un segmento que se ha tornado importante: el segmento ronderil tanto en la sierra como en la costa.

Por estos días los ronderos se han vuelto protagonistas de la noticia, y no precisamente por un asunto positivo. Al secuestro o retención ilegal que ocurrió días atrás con un equipo de periodistas del programa Cuarto Poder, se ha sumado el secuestro de mujeres en la provincia de Pataz, justamente en el ande de La Libertad.

Nadie niega el aporte de las rondas en la derrota del terrorismo y en la lucha contra la delincuencia en zonas donde la autoridad policial no llega, o no llega bien. Pero está claro que el asunto trae riesgos porque el poder aislado e intocable siempre puede conllevar abusos. Hoy, ese poder tiene también “valor electoral”, y hay que prestarle mucha atención. El Estado de Derecho debe ser para todos.