Hoy se cumplen dos años desde que el ex gobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, el dueño de Perú Libre, el partido que llevó al poder a Pedro Castillo y Dina Boluarte, junto a una considerable bancada parlamentaria, pasó a la clandestinidad tras recibir del Poder Judicial, en segunda instancia, una condena de tres años y medio de prisión efectiva por el delito de colusión agravada por el caso Aeródromo Wanka, un proyecto que este sujeto se empeñó en sacar adelante a pesar de que no contaba con la aprobación de ninguna entidad del Estado.
Pero lo único grave no es que Cerrón esté en libertad, sino la certeza de que cuenta con el apoyo de gente poderosa para mantener esa condición, que además le permite burlarse de la justicia y de todos los peruanos a través de las redes sociales, donde incluso da mensajes “políticos” y le toma el pelo a los mandos policiales y a las autoridades del Poder Ejecutivo que en teoría tienen la misión de arrestarlo, pero que en dos años no ofrecen ningún resultado positivo. Ni siquiera han sido capaces de decirnos si este sujeto se encuentra dentro o fuera del país.
Desde su grupo parlamentario también hemos visto situaciones indignantes en favor de este evadido de la justicia, como el hecho de montar una exposición fotográfica que le rinde “culto”; y la presentación de diversos proyectos de ley para beneficiarlo. La última de todas es que su partido busca lanzarlo como candidato presidencial en el 2026, con la clara intención de mostrarlo como un “perseguido político”, como una “víctima” de gente interesada en que no llegue al poder para impedir que haga “un gobierno en favor del pueblo”. Sí, estimados lectores, ríanse nomás.
Es imposible saber en este momento si la presidenta Boluarte está detrás de la red de protección que impide a la captura de Cerrón, el hombre que la incluyó en la plancha de su partido al lado de Castillo. Sin embargo, no olvidemos que antes de la campaña electoral del 2021 ella era la cajera del hoy prófugo y que incluso recolectaba dinero para pagar la reparación civil que este sujeto debía al Estado por otro caso de corrupción en La Oroya. Los peruanos tenemos todo el derecho de dudar, incluso de nuestras más altas autoridades.
Hoy seis de octubre existe motivo de celebración para Cerrón y su gente, entre ellos varios legisladores a los que les pagamos un sueldo para que gasten su tiempo en defender a un prófugo de la justicia. Incluso se anuncia la presentación de un libro con la aparición virtual del fugitivo. Sin embargo, de otro lado, este día debería llenar de vergüenza a la legalidad y al estado de derecho, y a los peruanos en general, que hemos visto cómo la impunidad prevalece para quienes logran acumular poder político.
