La masacre ocurrida en una pollería en Lurín (Lima), donde tres personas fueron asesinadas ante la mirada aterrada de los comensales, es una nueva y dolorosa muestra del estado de violencia descontrolada que vive el país. Todo apunta a que las víctimas eran los dueños del local y que estaban siendo extorsionados, como miles de peruanos que hoy viven bajo amenaza.
Los datos son demoledores. En lo que va del 2025 ya se registran más de 1,300 homicidios, un incremento del 15.3% con respecto al 2024. Las denuncias por extorsión entre enero y julio ya bordean las 16 mil, con un alza de 28.1% respecto al año anterior. Las cifras no solo hablan de un Estado que ha perdido el control, sino de una ciudadanía que vive en constante zozobra, atrapada entre el miedo y la desconfianza hacia quienes deberían protegerla.
Porque si hay algo más alarmante que el crecimiento de la delincuencia, es la corrupción y la ineficiencia dentro de la propia Policía Nacional del Perú. Mientras se destinan millones de soles para comprar autos de lujo para los altos mandos, muchos suboficiales trabajan sin chalecos y sin armas. Y como si fuera poco, siguen cayendo oficiales por actos criminales. Hace poco, un exjefe del Grupo Terna y ocho agentes fueron detenidos por sembrar armas y drogas.
¿Cómo confiar en una institución que no está a la altura de las exigencias de la población? La inseguridad no solo se ha convertido en el principal problema del país: es una amenaza estructural que está erosionando nuestra convivencia y nuestra economía.
