Parecería que en el Perú no existen más noticias que la extorsión criminal que en enero pasado cobró más de cien vidas de inocentes. Puedes cambiar de canal, pero siempre encontrarás el llanto, el lamento, el entierro y todas consecuencias del crimen organizado. El protagonismo de la extorsión es indiscutible, cunde la preocupación y la angustia por la indefensión. Parece que no hay forma de combatir este delito grave y sin castigo. La inacción fomenta la justicia por mano propia que convertiría nuestras ciudades en tierra de nadie. Eliminar la extorsión es un desafío complejo que requiere un enfoque integral y coordinado entre instituciones y actores sociales. Es fundamental invertir en la formación y el equipamiento de la policía, del Ministerio Público y del Poder Judicial. La incorporación de sistemas de análisis de datos y vigilancia electrónica puede mejorar la detección de las bandas y la identificación de patrones delictivos para la prevención y la disuasión. Y en simultáneo facilitar las denuncias con mecanismos que protejan a las víctimas asegurando confidencialidad para evitar represalias. Es muy importante la colaboración entre los organismos del Estado para una respuesta rápida y coordinada. Sin descuidar la vinculación con el combate al crimen organizado, corresponde trabajar con organismos internacionales para desmantelar redes regionales. Vemos tanta población afectada que necesita asistencia legal y psicológica junto a la concientización sobre las tácticas de los extorsionadores, los canales de denuncia y la prevención posible. Hay mucho por hacer, la inacción e ineficiencia del Estado no se justifica. Lo peor, descalifica la democracia que pierde credibilidad y confianza. No esperemos pasar a mayores violencias para aplicar estrategias coordinadas para la seguridad y el respeto al estado de derecho.
